Tras el fuerte impacto que causó el escándalo por la participación de personal militar y civiles de la Armada en presuntas maniobras de fraude, la fuerza naval dispuso el pase a disponibilidad de nueve militares involucrados.
Aunque en la denuncia presentada en la Justicia se mencionaba la participación de 23 personas involucradas, entre militares y civiles pertenecientes a la fuerza naval, el jefe de la Armada, almirante Juan Carlos Romay, apartó de sus funciones a ocho capitanes de corbeta y un suboficial comprometidos en el escándalo Al margen del proceso judicial, por su situación de revista se les aplicará el Código de Disciplina de las Fuerzas Armadas. Respecto al personal civil, la situación es diferente y se maneja por otros marcos regulatorios.
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El Senado sancionó este jueves por la tarde la denominada ley de Inocencia Fiscal II, norma que busca flexibilizar el régimen de regularización de ahorros y relajar los límites para el ingreso de contribuyentes al régimen simplificado de ganancias (RSG).
La norma fue sancionada por 44 votos a favor, aportados por el oficialismo y los bloques de la oposición dialoguista, y 23 en contra, todos del bloque kirchnerista.
El temario de la sesión incluye, también el debate de un proyecto de ley de modificación al régimen vigente de producción de biocombustibles. Sin embargo, y aún cuando el oficialismo logró abrir el recinto para tratarlo, todavía persisten algunas dudas sobre la solidez de los votos que se requieren para aprobar biocombustibles, lo que pone en duda si el texto que impulsan las provincias del noroeste, que está último en el orden del día, llegará a debatirse.
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El proyecto de ley de defensa de la soberanía de Malvinas, ingresado esta mañana a la Cámara de Diputados, quedó en la mira de varios bloques de la oposición. Es que la iniciativa del Poder Ejecutivo incluye un artículo que, con el argumento de endurecer las reglas frente a la influencia extranjera en el país, establece penas de hasta 12 años de prisión para quienes realicen “campañas de desinformación masiva”. A ello se suman los reparos de constitucionalistas y la preocupación de entidades periodísticas.
En concreto, propone modificar el artículo 225 bis del Código Penal, a fines de sancionar con entre cinco y 12 años de prisión a quien, “actuando por cuenta, orden o financiamiento total o parcial de un Estado, organización o agente extranjero realizare actividades que alteren procesos electorales o manipulen a la opinión pública mediante campañas coordinadas de desinformación masiva”.
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En medio de la polémica por el recorte en el área de Discapacidad, que se conoció luego de que se presentara el proyecto de presupuesto 2027, Patricia Bullrich, jefa del bloque libertario en el Senado, volvió a mostrar diferencias con la Casa Rosada y endilgó responsabilidades al Ministerio de Economía de Luis Caputo por haber realizado modificaciones sin previo aviso. “A mí no me tomen por tonta”, dijo la senadora.
La espada libertaria en la Cámara alta reconoció que la eliminación de artículos claves de la ley de emergencia en discapacidad también la sorprendió a ella y confirmó que el tema no se habló en la mesa política del último martes.
“A mí me sorprendió porque, estando en la mesa política, el tema no salió a la luz y llegó el presupuesto con esta introducción, de alguna manera, de cambios en la ley de discapacidad que no eran conocidos”, dijo Bullrich el jueves por la mañana al ser consultada por el tema en Radio Rivadavia.
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El Senado de la Nación aprobó y giró a Diputados un proyecto de ley que busca establecer un nuevo marco regulatorio para los biocombustibles que eleva la cuotas de corte en un régimen de transición hasta 2036, fecha en la que debería liberarse la libre competencia en el mercado.
En la votación en general dividió al recinto de manera transversal y terminó con 41 votos a favor y 25 en contra.
El propósito central de la normativa apunta a incentivar las inversiones, consolidar la seguridad energética del país y promover una transición progresiva del sector hacia un mercado más competitivo, transparente, desregulado y ambientalmente sostenible.
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