El informe circula a toda velocidad en los sectores más disímiles. No se habla de las importaciones sino de un fenómeno que preocupa a las empresas por debajo de las napas: el contrabando. “Se volvió un problema muy grave en el país con impacto negativo para el Estado, el consumidor y las empresas”, asegura desde la página 2 de las 45 que tiene el relevamiento de MAP, una consultora de negocios que trabaja principalmente para multinacionales y que terminó el estudio a fines de noviembre de 2025. Hasta el momento las conclusiones se guardaban bajo siete llaves.

Allí destacan que, si bien la problemática siempre existió, fue creciendo, en coincidencia con la eliminación de algunos mecanismos que servían para atacar al contrabando. Se enumeran entre otros la eliminación de veedores sectoriales en importaciones, la eliminación de verificaciones técnicas y trámites de importación de productos higiénicos y domisanitarios, el registro de exportadores e importadores y algunos controles previos de ANMAT, entre otros.

La realidad se refleja en los números de varios negocios y adonde hay cálculos que se encuentran en los despachos de los número uno de las principales compañías de la Argentina que delinean su plan de negocios local. El mercado de celulares es tal vez el ejemplo más representativo de la tendencia. Aclaración importante para los lectores: no se trata de ese celular que una familia trae de un viaje y cuya trazabilidad y regulación está asegurada. En el país hay unos 9,2 millones de celulares si se toma el promedio de los años 2023 a 2025. Dentro de este número, el contrabando pasó del 7% que representaba del mercado al 35%, según otro informe de AFARTE al que tuvo acceso LA NACION. Es decir que uno de cada tres celulares se comercializa fuera del circuito formal.

El mercado de contrabando recaudó unos US$ 1858 millones en 2025 mientras que las ventas de celulares de producción nacional generaron unos US$ 2311 millones. Entran fuera del mercado formal 50.000 unidades por semana, la mitad llega desde Paraguay a través del paso fronterizo de El Dorado y la otra mitad principalmente desde Panamá por el aeropuerto de Ezeiza. Desde el Ministerio de Seguridad tomaron nota y avanzan sobre mayores controles fronterizos y un plan anticontrabando. “Todo se puede rastrear con la identificación de cada unidad y saber para qué destino fue fabricado. Además, cuando se activa en las bandas argentinas se detecta si ese teléfono fue o no importado legalmente. Una vez dentro de las fronteras tienen su propio circuito de comercialización a través de redes sociales, plataformas y grupos de WhatsApp principalmente”, grafica el número uno de una de las principales marcas. La diferencia de precios es el principal anzuelo para los consumidores. “Para quien compite formalmente la carga impositiva nacional, provincial y municipal equivale al 34% del costo del producto. Ojo que acá no estamos hablando del tema de producir o no producir o competir o no competir sino de negocios ilegales montados a la sombra de la formalidad y que se pueden rastrear muy fácilmente para evitar hasta cuestiones de seguridad”, aseguró el presidente de otra de las principales marcas. Y agregó enojado: “Cuidado que detrás de esto hay circuitos informales y una economía en negro que nada tiene que ver con el debate de Tierra del fuego sí o no. Que nadie se confunda”.

Cada cuál atiende su juego

En el caso de la cerveza la realidad también es sorprendente. De acuerdo a los datos de la Cámara de la Industria Cervecera un 40% de la mercadería relevada en el AMBA tiene un origen ilegal. En el mundo de los neumáticos supera al 30% y en el de los agroquímicos ya está en torno al 15%. También existen otros rubros como cigarrillos con el 10% del mercado que es ilegal principalmente con origen de la frontera del norte del país. Si bien el número es importante, a nivel mundial el 11,6% de los productos de tabaco se venden de forma ilícita.

Hasta el momento había muy pocos datos de lo que el contrabando representa. Por ello para sacar el cálculo de cada sector se tomó de referencia la información de las principales compañías y cámaras, se consideró la producción local, también la importación formal y se excluyó del estudio de MAP a los productos ingresados como “equipaje acompañado” para evitar contaminar los resultados. Se multiplicó incluso el volumen estimado de contrabando por el precio de un producto representativo del sector y se llegó al valor económico del contrabando. La conclusión es que el Estado argentino dejaba de percibir a fines de 2025 ingresos fiscales por unos US$ 2300 millones si se consideran los sectores de cerveza (US$ 1100 millones), tabaco (US$ 240 millones), agroquímicos (US$ 150 millones), textiles (US$ 370 millones), celulares (US$ 190 millones), neumáticos (US$ 125 millones) y calzado (US$ 90 millones), solo por citar algunos.

Las conclusiones arrojan más equivalencias y un cálculo que no pasó inadvertido en algunos despachos privados. En términos de recaudación significaba al cierre del año un 90% del total de impuestos internos, un 45% de las retenciones a las exportaciones o un 25% de lo que recauda el impuesto al cheque. Si se cruza eso por las posibilidades de gasto afirman que hay unas 3800 escuelas que se podrían construir, unos 1900 kilómetros de rutas nacionales y unos 80 hospitales de alta complejidad, según sus datos.

“El contrabando erosiona los precios de referencia y reduce incentivos para innovar porque ganan las redes ilícitas”, afirman. La OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico) subraya que este fenómeno socava la salud económica e innovación de sectores formales. Es que las empresas en regla enfrentan más controles (trazabilidad, pruebas de autenticidad y peritajes) y las que no lo están generan riesgos para la salud y la seguridad de los consumidores porque no pasan por las inspecciones sanitarias, de seguridad o de calidad; suelen vulnerar los derechos básicos del consumidor porque no solo no tienen factura sino tampoco posventa y suelen poner en jaque al que juega dentro de la ley. El propio Carlos Bender, quien es responsable comercial de Lumilagro, una de las empresas bendecidas por el gobierno por su reconversión, dio datos concretos sobre lo que el contrabando genera en su negocio. “Todo lo que es contrabando es dañino para la actividad industrial y comercial”, afirmó en una entrevista en LN+. Y le puso sus propios números: Bolivia, con 12 millones y medio de habitantes y sin cultura de mate, importó más de 4 millones de termos de acero desde China a un valor unitario bajísimo. “Obviamente esos termos no quedaron en Bolivia, y la mayoría entraron a Argentina”. Bender advirtió en su momento que el acero que ingresaba ilegalmente al país estaba clasificado como acero chatarra o inclasificable y “no apto para humanos”.

Desde el Ministerio de Seguridad ya tomaron nota del fenómeno y respondieron ante la consulta de LA NACION que se despliegan nuevos y más operativos anticontrabando de los que históricamente hubo. En las fronteras del norte, por ejemplo, en la provincia de Salta el plan Güemes en las rutas nacionales 34 y 50, que son las zonas de influencia de Salvador Maza a Tartagal y desde Aguas Blancas a Orán. “En toda esa zona multiplicamos por seis las personas y los vehículos controlados. La lógica de interceptación en las provincias disminuyó mucho también el contrabando y las cifras seguirán bajando”, aseguró confiado un alto funcionario. En el NEA, en la zona de Bernardo de Irigoyen, hay 24 kilómetros de frontera seca con muchas particularidades demográficas y hasta idiomáticas. “Operaban organizaciones violentas y hasta sicariatos que desactivamos. También los estamos desfinanciando”, agregaron desde el Ministerio de Seguridad. En la actualidad empiezan a generarse mesas de análisis de la información con el sector privado para producir investigaciones sectoriales.

Un fenómeno digital

Pero más allá de las fronteras físicas hasta hace unos años el contrabando era un fenómeno local. Con el crecimiento del comercio electrónico y de los grandes marketplaces se amplificó la escala y el alcance. La conexión ahora es directa entre oferentes y demandantes y la participación del e-commerce es muy relevante porque se estima será del 30% antes del 2030, impulsada por la migración de consumidores de manera masiva al canal digital. El debate es muy profundo a nivel mundial y tiene varias lecturas y estrategias disímiles. En Estados Unidos, por caso, reformaron el régimen de minimis (importaciones de bajo valor). Sumaron requerimientos de datos a importadores que deben proporcionar información detallada sobre remitentes, contenidos y destinos para mejorar la trazabilidad. También cerraron rutas para contrabandos electrónicos falsos (sin certificados) y textiles en línea con su ley de transparencia en marketplaces y la obligación de mostrar públicamente la información del vendedor. En Colombia rige la ley anticontrabando que se vincula con la trazabilidad digital, en Brasil la normativa contra la venta irregular en el mercado de celulares que se sancionó en junio del 2024 y en la Unión Europea los “deberes de diligencia” para marketplaces.

“Este es un debate latente y con el cambio de paradigma es tal vez más profundo que la cuestión de las importaciones. Cuando uno analiza los datos no existe tal fenómeno. Pero el contrabando es algo que hay que cortar de cuajo ya que habitualmente es la puerta de entrada de todo aquello que no se puede trazar”, cerró por lo bajo el presidente de otra compañía multinacional que había compartido los datos sectoriales con su matriz.